Los expertos apuestan por la mediación ante conflictos hipotecarios.
«Hay que buscar alternativas a la ejecución hipotecaria en los supuestos de dificultad de pago, y medidas que disminuyan los daños sociales y económicos que se producen», señaló el notario Segismundo Álvarez. «La protección del consumidor en el crédito hipotecario no se puede limitar a la depuración de las cláusulas abusivas y a la información», añadió.
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Álvarez participó en la clausura del seminario Protección del consumidor en la contratación hipotecaria, organizado por el Consejo General del Notariado, en el Palacio de la Magdalena de Santander, sede de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
«Como se puso de manifiesto en la crisis, la ejecución hipotecaria en caso de impago es un momento crítico en el desarrollo del crédito», apuntó el notario. «Para ello hay que buscar, en primer lugar, soluciones pactadas entre acreedor y deudor», aseguró.
El magistrado Francisco Marín Castán, presidente de la sala primera de lo Civil del Tribunal Supremo, analizó en su intervención el control judicial de las cláusulas abusivas en la contratación hipotecaria. Para el magistrado, «la comparación con los sistemas de otros Estados miembros de la Unión Europea permite comprobar que España garantiza a los consumidores un nivel de protección especialmente elevado, por lo que cabe preguntarse sobre las razones por las que el sistema español viene siendo tan especialmente cuestionado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)».
Según el magistrado, Luxemburgo «ha dejado sin eficacia práctica varias de las reformas legislativas llevadas a cabo por España en 2013 tras la sentencia Aziz. Por ello, el panorama de la contratación hipotecaria y de la ejecución hipotecaria en España presentan, en estos momentos, incertidumbres que es necesario superar para que a medio y largo plazo la protección actual del consumidor no acabe repercutiendo en perjuicio de los consumidores del futuro». A su juicio, «con esta finalidad, el Tribunal Supremo ha planteado dos cuestiones prejudiciales ante el TJUE: una, sobre la cláusula de vencimiento anticipado, y otra sobre los intereses de demora».
Por su parte, el diputado popular Miguel Ángel Paniagua analizó el anunciado Anteproyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario al que se incorporará la directiva sobre esta materia. El diputado adelantó que el anteproyecto será «más protector y garantista para el consumidor de lo que teníamos antes, e irá más allá de lo contenido en la directiva: con más transparencia, más prohibición de cláusulas abusivas y más información para el consumidor».
Además, Rodrigo Gómez, diputado de Ciudadanos, explicó que «la Directiva debería haberse transpuesto el 21 de marzo de 2016, ya vamos tarde y tenemos abierto un expediente sancionador».
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