El impacto de la nueva legislación en el peritaje social

El peritaje social juega un papel clave en la administración de justicia y en la toma de decisiones dentro del ámbito social. La evaluación profesional de peritos sociales permite fundamentar informes técnicos que influyen en procedimientos judiciales, administrativos y de protección social.

Con la nueva legislación en el peritaje social, se han introducido cambios significativos en la regulación de esta disciplina, afectando tanto a la práctica profesional como a los requisitos para ejercer. Estas modificaciones tienen un impacto directo en la metodología, los estándares de calidad y la formación de los/as peritos sociales.

En este artículo, analizamos cómo la nueva normativa afecta al ejercicio del peritaje social, sus implicaciones prácticas y las oportunidades que genera para los/as profesionales del sector.

¿Qué cambios introduce la nueva legislación en el peritaje social?

Las recientes reformas en el marco legal del peritaje social han introducido modificaciones en varios aspectos clave:

Regulación y acreditación de peritos sociales

Uno de los principales cambios de la nueva normativa es la mayor exigencia en la acreditación de los peritos sociales. Ahora, los/as profesionales que deseen ejercer deben:

• Contar con una titulación específica en trabajo social o áreas afines.
• Realizar formación especializada en peritaje social, con actualización periódica.
• Inscribirse en un registro oficial de peritos sociales habilitado por organismos judiciales o colegios profesionales.

Esta medida busca garantizar la calidad de los informes periciales y asegurar que los/as profesionales que los elaboran cuentan con la capacitación adecuada.

Estándares de calidad en la elaboración de informes periciales

La nueva legislación en el peritaje social establece criterios más estrictos para la elaboración de informes periciales en procesos judiciales y administrativos. Se han definido estándares en:

• Estructura del informe: Debe incluir objetivos, metodología, fundamentación y conclusiones claras.
• Metodología de evaluación: Se exige la utilización de técnicas estandarizadas y validadas en el ámbito del trabajo social.
• Objetividad e imparcialidad: Se refuerzan los criterios de independencia profesional para evitar sesgos en la elaboración de peritajes.

Estos cambios responden a la necesidad de garantizar informes más rigurosos y fundamentados, aumentando su valor como prueba en los procedimientos en los que se presentan.

Mayor integración del peritaje social en el ámbito judicial

Otro de los avances que introduce la nueva legislación es la mayor presencia del peritaje social en el ámbito judicial. Los jueces y fiscales podrán solicitar con mayor frecuencia informes periciales elaborados por profesionales del trabajo social en casos como:

• Custodias y protección de menores.
• Valoraciones de discapacidad y dependencia.
• Procedimientos de violencia de género y protección a víctimas.
• Conflictos familiares y adopciones.

Esto supone una oportunidad para la consolidación del peritaje social como disciplina fundamental en la toma de decisiones judiciales y administrativas.

Implicaciones de la nueva normativa para los/as profesionales del peritaje social

La aplicación de estos cambios normativos conlleva tanto desafíos como oportunidades para los/as peritos sociales.

Necesidad de formación continua

Los nuevos requisitos obligan a los peritos sociales a actualizar su formación de manera constante. La especialización en áreas concretas del peritaje social se vuelve esencial, destacando:

• Peritaje en violencia de género y protección de víctimas.
• Peritaje en derecho de familia y menores.
• Evaluación de situaciones de exclusión social.
• Informes sobre discapacidad y dependencia.

Esto representa una oportunidad de crecimiento profesional para quienes busquen diferenciarse en el sector.

Mayor demanda de informes periciales

La incorporación del peritaje social como elemento clave en los procesos judiciales ha generado un aumento en la demanda de informes periciales, especialmente en casos relacionados con derechos de infancia, violencia de género y protección social.

Esto implica que los/as profesionales que cumplan con los requisitos establecidos por la nueva legislación tendrán más oportunidades de inserción laboral en ámbitos como:

• Tribunales y administraciones públicas.
• Servicios de protección a la infancia.
• Entidades de atención a víctimas.
• Equipos psicosociales en juzgados.

Nuevos retos en la independencia y objetividad del peritaje

Uno de los principales desafíos que plantea la nueva normativa es garantizar la independencia del peritaje social. Con la creciente importancia de estos informes en los procedimientos judiciales, es fundamental que los/as profesionales mantengan una postura objetiva e imparcial, basada en criterios técnicos y científicos.

Para ello, se han establecido mecanismos de supervisión y control que buscan evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia en la elaboración de peritajes.

La nueva legislación en el peritaje social supone un avance significativo para la profesionalización y reconocimiento de esta disciplina. Aunque implica mayores exigencias en formación y acreditación, también abre nuevas oportunidades laborales y refuerza la importancia de los/as peritos sociales en la administración de justicia.

Para los/as profesionales del ámbito social, adaptarse a estos cambios será clave para consolidarse en un sector en crecimiento, con una demanda cada vez mayor de especialistas en peritaje social.