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Las familias afectadas se quejan de que no se les ha ofrecido una alternativa adecuada y los centros lo consideran un recorte en políticas de dependencia

Esos convenios se suscribieron en 2009 y comenzaron como un programa piloto que, debido a la buena acogida, se fue prorrogando sucesivamente, incluso en los peores años de la crisis económica. Todos los centros que cuentan con unidades de asistencia diurnas en la comunidad son privados y prestan buena parte de sus servicios a través del método del copago. La anterior Administración advirtió de que no se iban a ampliar estas plazas de fin de semana y de que irían desapareciendo conforme fallecieran sus titulares. En la actualidad 81 plazas, 59 para mayores y 22 para personas con discapacidad, permanecían activas, según los datos facilitados por la Junta. Los centros consultados y la asociación Foro Andaluz de la Dependencia (FADE), entienden que, pese a que los afectados por la decisión no son demasiados, la medida supone un ejemplo de recorte en las políticas de dependencia del nuevo Gobierno andaluz.
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