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Fragmento del artículo que me ha pedido la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM) para la Revista Entre 2 Orillas del próximo mes de abril.

Las políticas sociales se dirigen a los sectores vulnerables, que no son los destinatarios de los grandes logros macroeconómicos y de los beneficios del sistema capitalista. Son políticas de contención y canalización del descontento de las clases más desfavorecidas, o como podríamos denominar, de contrainsurgencia social (control social). Igualmente, el poder político, subyugado al económico, necesita de una mano de obra que se vería en riesgo si aumenta peligrosamente la conflictividad social por la pobreza (reproducción social), como está ocurriendo en la actualidad. La política social asegura las condiciones de vida de ciertos estratos de población para garantizar el orden establecido y “la relación entre los ámbitos productivo e improductivo de la sociedad, sin poner en peligro la estabilidad del sistema” (Montoro, 1997:43).

En cierta manera, de forma genérica y desde una visión materialista pero también suficientemente visible en el ámbito local, la política social funciona no sólo como mecanismo de control social sino también de reproducción social, manteniendo las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora.

La práctica del trabajo social diario en los ayuntamientos, a través de los servicios sociales comunitarios, no se centra en la planificación y en la prevención, no se centra en la superación definitiva de las necesidades y problemas de los más desfavorecidos sino en el tratamiento paliativo y en la atención de casos según demanda, lo que asegura la inmovilidad social y el mantenimiento del sistema de clases. Ya en un informe de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, “Los Servicios Sociales de Atención primaria ante el cambio social”, se señala que “se percibe un agotamiento del modelo de intervención y se cree en la necesidad de desarrollar un modelo integral y comunitario que permita tratar las problemáticas de forma más estratégica y preventiva” (Ministerio, 2007:54).

Los Servicios Sociales comunitarios no dinamizan la sociedad, la subyugan a los intereses de la clase política, sujeta ésta a su vez a los dictámenes de los poderes económicos que les financian o que les procuran beneficios ilícitos a cambio de desplegar su modelo de producción local. En los pueblos, estos poderes no son teóricos. No estamos planteando el acostumbrado discurso marxista, mencionando estructuras arquetípicas que pueden quedar descontextualizadas en el contexto del pueblo o barrio que conocemos. Incluso el caciquismo, ese sistema de influencias al margen de la ley, ahora envuelto en un traje de éxito y poder económico, sigue siendo una práctica habitual de la España rural, que ejerce un control visible sobre los cargos públicos locales y en última instancia también de los Servicios Sociales, tutorizados por gobernantes que ni conocen ni pueden seguir la lógica de un modelo social, orientándose pues a reproducir los esquemas de clase mediante la modulación de unas prestaciones que en la práctica se reducen a paliar determinadas problemáticas puntuales, con el objeto de evitar una exclusión socioeconómica de ciertos individuos y colectivos –no todos- que no favorece los intereses del poder.

Pero más allá de los fines últimos de la política social (control y reproducción social), que no se diseñan deliberadamente en el ámbito local cercano, sino que responden a pequeños ajustes que el modelo productivo va integrando en la práctica de trabajo social a escala general,  mi experiencia personal directa como trabajador social en Servicios Sociales comunitarios durante diecisiete años es que seguimos atendiendo a las mismas familias año tras año; son siempre los mismos rostros, al margen de que en este momento nuevos usuarios accedan al sistema debido a los efectos durísimos de  la crisis. Por poner un ejemplo concreto, las carpetas físicas de expedientes de muchos usuarios de Servicios Sociales correspondientes a esos años en los que los municipios levantinos se encontraban a la cabeza del boom urbanístico, están repletas de tramitaciones de ayudas económicas de emergencia, resueltas de forma favorable, entre las que se incluyen muchas familias de etnia gitana o procedentes de la antigua inmigración desde el norte de Murcia, Andalucía y otras regiones en los tiempos en los que el trasvase Tajo-Segura trajo la cuestionable prosperidad de la agricultura bajo plástico. Sectores de población con escaso capital cultural y tradicionalmente sumisos con el poder fueron convenientemente subsidiados, aun cuando estaban muy bien integrados en el contexto laboral local, en la agricultura y sobre todo, en los últimos años, en la construcción. El objetivo no era otro que crear y alimentar esa red clientelar que asegurara el mantenimiento en el poder de las fuerzas y grupos políticos a través de la devolución de la prestación social en forma de confianza en las urnas. Servicios y dinero a cambio de votos, así de sencillo. De esta forma, dirigidos por equipos de gobierno que reclutan a trabajadores sociales “de confianza” -o la exigen a posteriori a cambio de promesas de estabilidad o mejora laboral-, los peones, que no técnicos -insisto- de Servicios Sociales “interpretan” a conveniencia las leyes y las instrucciones que las desarrollan, así como las ordenanzas municipales, con el fin de encajarlas en el perfil de usuario al que hay que hacer llegar la prestación. Hablamos de sumisión a los superiores jerárquicos de la red, que no son técnicos de servicios sociales ni su trabajo se orienta a conseguir mayores cuotas de bienestar social, sino a conseguir objetivos políticos, hablamos de claudicación a cambio de beneficios personales, hablamos de un sistema de servicios sociales que no sirve a los principios para los que, en teoría, fue creado.

Las políticas de subsidiación, si bien es cierto que se dirigen formalmente a compensar desigualdades territoriales o sociales, en la práctica se convierten también en instrumentos de fidelización política y de mantenimiento de las redes clientelares.

Javier Fernández. Antropólogo. Trabajador Social. Equipo INEFSO.