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La Ley de protección integral a la infancia contempla la creación de un consejo estatal de niños y adolescentes que asesorará al Gobierno y fiscalizará la aplicación de las políticas de menores.

España contará este año con el primer órgano asesor formado por niños y adolescentes. El principal cometido será aconsejar y fiscalizar al Gobierno sobre todos las políticas que afecten a los menores. El mandato para su rápida puesta en marcha queda hoy incluido en la ley de la Infancia. Es una de las enmiendas que la norma va a incorporar en su paso por el Senado, cuyo pleno ha aprobado esta tarde prácticamente por unanimidad su texto final, que entrará en vigor en cuanto lo ratifique el Congreso.

Los senadores, a propuesta del PSOE, dan al Gobierno un máximo de seis meses para crear el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia. La norma entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, lo que ocurrirá antes de finales de junio, por lo que el órgano asesor debe estar constituido antes de las navidades.

Pretende ser el cauce que garantice la participación infantojuvenil en el proceso político, una demanda de la Convención de los Derechos del Niño y de la ONU. Los miembros del comité podrán presentar iniciativas al Gobierno y tendrán que ser consultados sobre todos los planes, programas y políticas nacionales que afecten a la infancia, además de vigilar y evaluar su aplicación.

El Senado ha aprobado hoy la ley de la Infancia, que aspira a poner coto a las decenas de miles de casos de maltrato, acoso escolar o abusos sexuales que cada año sufren los menores españoles, con el mayor consenso de la legislatura. Con la única oposición de los tres senadores de Vox, la norma fue aprobada con el respaldo del 98,85% de los miembros de la cámara territorial, un apoyo rozando la unanimidad e incluso superior al 75% de los escaños ya logrado en el Congreso.

Las enmiendas del Senado, además de la creación del consejo asesor, recogen la mayor parte de las demandas de las ONG que trabajan con la infancia que no entraron en el texto inicial del Congreso. Por ejemplo, aumentan las garantías para preservar la dignidad y los derechos de los inmigrantes a los que el Estado somete a pruebas médicas para comprobar si son menores de edad, por viajar sin documentos y por sospecharse que son falsos. Además de tener que contar con el consentimiento informado del chico, no podrán incluir «en ningún caso» desnudos integrales o exploraciones genitales.

 

  • La norma permite perseguir a los pederastas al menos hasta que la víctima cumpla 40 años, suspenderá las visitas a padres maltratadores, y obligará a denunciar al familiar agresor.
  • La Ley de protección integral a la infancia impide las exploraciones genitales en la determinación de edad de los inmigrantes y prohíbe las ataduras y limita al máximo el uso de la fuerza en los centros de menores.
  • La norma permite perseguir a los pederastas al menos hasta que la víctima cumpla 40 años, suspenderá las visitas a padres maltratadores, y obligará a denunciar al familiar agresor.

 

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