ALICANTE. El bipartito de Alicante (PP y Cs) ha aprobado este martes en Junta Local de Gobierno el proceso de contratación de 80 trabajadores interinos que prestarán servicio en la Concejalía de Acción Social, lo que permitirá desbloquear los trámites de concesión de ayudas de emergencia y de la renta valenciana de inclusión social, entre otros puntos.
El acuerdo cubre, así, las plazas vacantes desde el mes de enero de este año, cuando finalizó el plazo de la línea de ayudas sufragadas por la Conselleria de Igualdad para reforzar la plantilla municipal en el departamento de Acción Social. La medida supone, además, aumentar en 13 plazas los puestos existentes hasta entonces, cuando existían 67 trabajadores adscritos al servicio, bajo la coordinación de la edil Julia Llopis (PP).
El portavoz adjunto del equipo de Gobierno, Manuel Villar (PP), ha explicado que la contratación de los 80 trabajadores también volverá a contar con la subvención de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con una aportación de 4.606.420 euros, ya contemplada en el proyecto de presupuesto de la Generalitat. En su conjunto, se prevé la incorporación de 8 psicólogos, 33 trabajadores sociales, 8 educadores sociales, 6 técnicos de integración social, 6 TASOC y 19 auxiliares administrativos.
La edil de Acción Social, Llopis, ha apuntado, por su parte, que el acuerdo para la contratación de los trabajadores de su departamento ha sido posible después de que el Ayuntamiento haya arbitrado «una vía provisional para disponer de recursos con los que abonar las nóminas de estos nuevos funcionarios interinos hasta que el Consell ponga a disposición municipal la subvención por valor de 4,6 millones de euros con los que cubrir estas necesidades».
Según ha concretado a través de un comunicado, «el Ayuntamiento tiene la esperanza de que la Generalitat libre esos 4,6 millones de subvención con destino a Alicante para el mes de junio, como lo ha hecho en años anteriores. Mientras tanto, el consistorio alicantino ha arbitrado una solución provisional a costa de sus propios presupuestos para volver a contratar los técnicos que tramitan los informes, entre otras cosas, de la renta valenciana de inclusión o de la ley de dependencia». Llopis ha apuntado que «esta solución provisional para evitar el bloqueo que sufría la tramitación de expedientes al no estar la subvención de la Generalitat destinada a la contratación de este personal». «Hemos articulado una partida económica de nuestros propios presupuestos, una vez informada favorablemente por Intervención, para una primera contratación de 80 personas, pero esperamos que la Generalitat acelere la subvención para no perjudicar las cuentas del Ayuntamiento al tener que cubrir con nuestros presupuestos la contratación que debería pagar el Consell desde el 1 de enero».
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