El pleno del Consell ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de Renta Valenciana de Inclusión, con la que pretende ampliar las prestaciones y reducir la burocracia, y acoger entre 94.000 y 95.000 personas cuando esté totalmente desarrollada en 2020, ha anunciado la portavoz y consejera de Igualdad, Mónica Oltra, en la conferencia de prensa de los viernes.

El texto se someterá al dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) al Comité Económic y Sòcial (CES) y después volverá a pasar al pleno del Gobierno, donde se convertirá en proyecto de ley e irá para su debate y aprobación a las Cortes Valencianas.

La nueva prestación económica sustituye a la renta garantizada de ciudadanía y tendrá un carácter indefinido en tanto la situación socioeconómica de los beneficiarios no mejore; también servirá para acceder, sin tanta burocracia, a otras ayudas públicas relacionadas con las becas o la vivienda.

Los requisitos para solicitarla se amplían: por ejemplo, se reduce el tiempo necesario de empadronamiento a un años y se rebaja la edad para acceder a ella a los 18 años. Se establecen distintos tipos de renta, una complementaria del trabajo o de las prestaciones que no llegan al 80% del salario mínimo interprofesional, y una segunda de Inclusión Social, que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que variará según diversos aspectos.

El importe de la ayuda será de 532 euros en el caso de un titular, frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o de acompañamiento como en los que sí lo requiera, y en este último caso, si el solicitante renuncia voluntariamente a realizarlo, mantendrá la ayuda pero se reducirá hasta los 266 euros.

La vicepresidenta ha señalado que la norma simplifica la tramitación y ahorra gestión burocrática, al ser los ayuntamientos los que se encarguen de hacer las valoraciones de las personas demandantes de la renta, y los servicios centrales de la consejería, los responsables de la gestión.

Oltra ha explicado que la ley no contempla una transferencia de recursos a los ayuntamientos, algo que se hace a través del plan concertado, pero ha asegurado que esto no supondrá un incremento de trabajo sino un cambio, ya que los equipos municipales podrán centrarse en hacer “intervención sobre el terreno”.

Ha asegurado que la norma pretende atender “la alarma social” existente en el territorio valenciano, con elevados índices de desempleo (un 19% aproximadamente), pobreza y exclusión, que no se han podido mitigar con el sistema aprobado con la renta mínima aprobada por el anterior Gobierno valenciano.

Oltra ha destacado que esta ley, además de rescatar personas, es una fuente de creación de puestos trabajo, y ha calculado que por cada euro invertido en renta de inclusión hay un retorno de 1,06 euros a la economía, además del retorno fiscal que supone.

La previsión es que la norma pueda entrar en vigor en el primer trimestre de 2018, aunque su desarrollo se hará de forma escalonada y no estará plenamente desplegada hasta 2020.

Fuente. El País. 31 de marzo de 2017.

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